La historia de la Ley Olimpia, que consiste en una serie de reformas que penalizan el compartir fotos o videos íntimos sin consentimiento de sus protagonistas, nació de una búsqueda de justicia, de reparación del daño y de la constante re-victimización de las mujeres que sufren de violencia digital.

En 2013 un video íntimo de Olimpia Coral Melo fue difundido sin su consentimiento en sitios de su ciudad natal en el estado de Puebla. Miles de personas vieron el material que ella no había querido compartir, y tuvo que pasar por un linchamiento mediático, una revictimización de parte del sistema de justicia y finalmente en darse cuenta que no existían herramientas legales que castigaran esos hechos ni organizaciones que brindaran apoyo para acompañamiento y seguimiento.

“Ha sido una lucha de más de seis años, lo bajamos y lo suben, aprendes a vivir con esa violencia, a no temerle a tu cuerpo desnudo, a tus estrías, a tu gordura, te lo digo fácil pero no lo fue, es estresante el calvario que vive una víctima de violencia digital”, dijo Olimpia.

Desde lo que le pasó se dio cuenta del gran vacío legal en cuanto a la violencia digital, a la que ella nombró violencia sexual cibernética. En 2014 Olimpia presentó por primera vez la iniciativa de lo que ahora se conoce como “Ley Olimpia”, que consiste en una serie de reformas que reconocen y castigan la violencia digital. En ese momento el tema fue ignorado, y Puebla hubiera podido ser el primer estado en tipificar este tipo de violencia, pero la anterior legislatura del Congreso local ni siquiera turnó el documento a comisiones.

En ese momento ella junto con otras compañeras fundaron el Frente Nacional por la Sororidad, que es una suma de 30 organizaciones de todo el país que se juntaron como activistas pero también como amigas y decidieron enfrentar la violencia digital y otros tipos de violencia. “Ha sido algo tremendo, no nos damos abasto, es asombroso cómo en el país no hay instrumentos de acción, un lugar donde acudan las mujeres y se refugien en la sociedad civil.”

Cinco años después de atender casos, especializarse y trabajar en el tema, conocieron a la diputada Nora Escamilla y platicando les dijo que lo subiría al pleno del Congreso, y cumplió.

El 3 de diciembre de 2018 el Congreso de Puebla votó a favor de la Ley Olimpia, convirtiéndose en el segundo estado después de Yucatán en tener una reforma que tipifique los delitos de género en la esfera digital.

En el caso de la reforma que se aprobó en Puebla la particularidad es que aquí la autoridad competente sí tiene la obligación de bajar los contenidos difundidos si no hubo consentimiento, y que es el paquete de reformas es más completo porque visibiliza todos los tipos de violencia digital como exclusión virtual, stalking, trata virtual, extorsión y ciberacoso.

 Para el frente existen dos modalidades de violencia digital: La primera es la que afecta la sexualidad, que puede ser extorsión, trata y difusión de contenido intimo sin consentimiento. La activista aclaró que no se penalizan los “packs” y las “nudes”, sino lo que se castiga es que se compartan sin consentimiento de la persona, y si se sube el contenido a la web sin autorización la autoridades tienen el poder de pedirle a las empresas digitales que bajen las imágenes o videos, porque son delitos contra la intimidad.

Otro tipo de violencia es la que no está relacionada directamente a un tema sexual, cuando no hay difusión de contenido íntimo sino cuando se utilizan las fotografías de alguien en perfiles falsos para difamar, o el acecho, el ciberacoso y las amenazas, entre los que está también la violencia y agresiones digitales que sufren periodistas y activistas. Y la segunda reforma que plantea la Ley Olimpia va en este sentido, buscando tipificar las agresiones en internet.

La tercera reforma que contiene la propuesta de ley es que se reconozca como modalidad la violencia digital dentro de la Ley de Acceso a Una Libre de Violencia, para que el Estado acepte que ésta, aunque afecta a hombres y mujeres, tiene un carácter de género y afecta mucho más a la población femenina.

A la fecha el proyecto ya se presentó en Guanajuato, Baja California, Veracruz, Chiapas y Ciudad de México, y el 9 diciembre de 2018 en el Senado.